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ACOSET: Mercado flexible laboral en Colombia: ¿Hacia dónde va?

Debido a los controles en materia de leyes laborales colombianas  como consecuencia de la firma del TLC con Estados Unidos, las organizaciones dedicadas a ejercer una intermediación laboral ilegal vienen aplicando otras modalidades de servicio para evadir la ley, como el caso del contrato sindical.

La tercerización laboral ilegal, que parecía había sido erradicada de nuestro país gracias al Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado entre Colombia y Estados Unidos, ha venido evolucionando para permear la ley.

Este tema ha cobrado una importancia significativa para el país,  a tal punto que en la más reciente visita del Ministro de Trabajo de Colombia, Rafael Pardo a Estados Unidos, el funcionario se reunió con Richard Trumka, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL-CIO), organización de trabajadores que congrega a más de 10 millones de afiliados en ese país. Allí, el Ministro le solicitó  su cooperación para realizar una evaluación sobre si se están creando o no nuevas modalidades de cooperativas de tercerización laboral.

"Le hemos pedido a la AFL-CIO que nos envíe un grupo de expertos para que verifiquen este tipo de contratación, que ha generado controversia dentro de las centrales obreras del país", expresa Pardo.

También indica que su visita permitió el respaldo técnico por cinco millones de dólares que la Secretaría del Trabajo de EE.UU. le dará al Ministerio, para capacitar la totalidad de los inspectores laborales con los que cuenta la cartera del trabajo y para implementar el Sistema Nacional de Información de Inspección y Vigilancia, al cual podrá acceder cualquier trabajador o empleado colombiano.

Lo cierto es que el dentro de los compromisos adquiridos por la administración del presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estaba la reglamentación del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, el cual se cumplió mediante el Decreto 2025 de 2011, que explica el contenido y alcance de la intermediación laboral, y prohíbe enfáticamente a las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) ejercer dicha actividad.

En cuanto a inspección sobre irregularidades en el cumplimiento de derechos laborales, el Ministerio de Trabajo ha hecho presencia este año con un grupo de inspectores en Puertos, para atender quejas sobre presuntas irregularidades y casos de intermediación laboral ilegal en este sector. Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y Turbo fueron los puertos inspeccionados.

Como resultado, a mayo las multas alcanzaban los $8.762 millones de pesos, por intermediación laboral; y $331 millones de pesos por violación al Código Sustantivo del Trabajo en el sector de puertos en Buenaventura, según cifras del Viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo, David Luna.


Contrato Sindical, la nueva fachada

A expensas de las acciones realizadas por el Gobierno Nacional, algunas ex-cooperativas y ex-precooperativas de trabajo asociado han utilizado el Contrato Sindical para continuar beneficiándose económicamente, en detrimento del ingreso de los trabajadores.

Antes de avanzar en esta realidad es necesario conocer en qué consiste este tipo de figura. El Decreto 1429 de 2010, que reglamenta el Contrato Sindical, lo define como:  “Un acuerdo de voluntades, de naturaleza colectivo laboral, que tiene las características de un contrato solemne, nominado y principal, cuya celebración y ejecución puede darse entre uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos de empleadores, para la prestación de servicios o la ejecución de obras con sus propios afiliados, realizado en ejercicio de la libertad sindical, con autonomía administrativa e independencia financiera por parte del sindicato o de los sindicatos y que se rige por las normas y principios del derecho colectivo del trabajo”.

Esto se traduce en que deja de existir la subordinación laboral, tanto con el empleador, como con el sindicato. Así mismo, el afiliado al sindicato recibe una compensación por sus servicios, mientras quien responde por su seguridad social es el sindicato.

De igual manera, será el representante legal de la organización sindical quien suscriba el contrato, ejerciendo así la representación de los afiliados que participan en el Contrato Sindical.

Para Domingo Tovar Arrieta, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Contrato Sindical que se suscribe es un Contrato Civil, siendo esta forma de contratación una simulación de la negociación colectiva, la cual en realidad no existe: “No hay derecho a la asociación sindical y a la negociación colectiva, en la medida que los empresarios promuevan la sustitución de convenciones colectivas por contratos sindicales, condicionando la existencia de las organizaciones sindicales en la medida en que estén dispuestas a suscribir un contrato sindical”, explica.

El dirigente sindical denunció que son varios los sectores económicos afectados por el mal uso del Contrato Sindical, especialmente los de Salud, Agricultura y Minería.

“El caso más evidente ha sido en Antioquia, donde se crearon organizaciones sindicales para realizar intermediación laboral ilegal a través del Contrato Sindical en salud. También en los puertos en Colombia, donde una vez expedidas las normas que sancionan a las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), éstas cambiaron de figura jurídica, convirtiéndose en Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que realizan las mismas funciones y actividades que tenían antes. En Puerto Wilches, ya se impusieron multas a una empresa palmicultora por contratar con CTA.  Allí mismo, operan CTA en algunas compañías de flores, caña de azúcar y del sector minero-energético” revela.

En 2011, se crearon 24 sindicatos en Antioquia de los cuales 20 venían de ser Cooperativas de Trabajo Asociado, donde las juntas directivas estaban integradas por el antiguo consejo de administración de la CTA. Entre abril y mayo de 2012, el Ministerio de Trabajo recibió el reporte de 48 nuevos sindicatos a nivel nacional y la cifra sigue en aumento.  

Para Miguel Pérez García, Presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicio Temporal (Acoset), esta figura incluye elementos del sector cooperativo, donde los trabajadores afiliados al sindicato realizan un acuerdo o reglamento para cada contrato y establecen la forma de compensación, así como los aspectos del contrato. “Eso indica que no están inmersos en la legislación laboral y por ende se presta para abusos y desconocimiento de los derechos fundamentales laborales de los trabajadores, por parte de ex-dirigentes de cooperativas y precooperativas”, señala el alto directivo.

Lo más preocupante es que en la misma Ley 1429 de 2010, establece que la solución de controversias en este tipo de contrato podrá ser resuelta por un tribunal de arbitramento voluntario o demás mecanismos alternativos, si así lo acuerdan las partes, o en su defecto, por la autoridad judicial laboral competente, lo que permite evadir y dilatar las acciones que combatan este problema que va en aumento.

 

Acciones del Gobierno

A mayo de 2012, el Ministerio de Trabajo reportó 585 visitas de carácter general a cooperativas y pre-cooperativas de trabajo asociado y profirió 15 sanciones a este tipo de asociaciones por un monto de $2.202 millones 964 mil 300 pesos.

En total, en el periodo en mención, se habían realizado  328 investigaciones, se profirieron 84 sanciones en primera instancia y 244 en trámite en sector portuario. Así mismo, la planta de inspectores se incremento en 100 nuevos cupos alcanzando un total de 524 inspectores de trabajo y se estima la creación de otros 100 cargos de inspector en lo que resta del presente año.  

Aunque las cifras parecen alentadoras son bastantes las acciones que debe emprender el Gobierno Nacional para combatir efectivamente la tercerización laboral ilegal. Uno de los puntos a fortalecer es el que tiene que ver precisamente con los inspectores, especialmente en el tema de conocimiento de su labor, así lo sostiene Pérez García: “Lo que se nota en el medio es un gran desconocimiento por parte de quienes hacen labor de inspección, vigilancia y control de la naturaleza jurídica, de las características de todas estas figuras, porque confunden el servicio temporal con las cooperativas, no tienen claridad sobre el Contrato Sindical”, anotó el dirigente gremial.

En el mismo sentido, Tovar Arrieta, indica que se requiere de una verdadera vigilancia e inspección por parte del Ministerio de Trabajo para controlar y sancionar a aquellas entidades que intentan crear otras formas de intermediación que afectan los derechos de asociación y libertad sindical de los trabajadores.

“La expedición de normas para acabar con la intermediación ilegal de las CTA, son insuficientes para controlar las conductas de algunos empresarios que siguen vulnerando derechos laborales y sindicales. No existe una respuesta adecuada o contundente por parte de los inspectores del trabajo, siendo necesario un trabajo más eficiente en tiempo, y un seguimiento periódico para verificar el cumplimiento de las sanciones y decisiones”, explica Arrieta.

Finalmente quien pierde con esta nueva “viveza” frente a la Ley es el trabajador, porque puede quedar desamparado en seguridad social, además de recibir un salario que no corresponde con sus expectativas. Es por esto que se deben tomar cartas en este asunto desde el gobierno, los sindicatos y los empresarios para que un problema, que apenas despunta, no logre alcanzar las dimensiones que tuvo con las CTA, las cuales condujeron a la precarización del trabajo de muchos colombianos.     


Impacto negativo al sindicalismo
Uno de los actores que más se ve afectado por el mal uso del Contrato Sindical es el mismo sindicalismo nacional, ya que una herramienta que se creó hace más de medio siglo y que durante el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez volvió a tomar importancia con el Decreto Reglamentario 1429 del 2010, es ahora es el escondite de quienes quieren burlar la Ley.

Desde la Asociación Colombiana de Empresas de Servicio Temporal (Acoset) existe preocupación en este sentido, porque si bien son muchas las organizaciones sindicales que se han pronunciado en contra de este tipo de acciones, hay otros sectores sindicales que se han mantenido al margen, lo que a un futuro no muy lejano los puede llevar a tener problemas con sus agremiados y con la opinión pública en general: “Los va a perjudicar gravemente en el mediano plazo, si no hacen control a esa figura y evitan el desvío del sindicalismo. No nos conviene que el sindicalismo sea juez y parte”, enfatiza Miguel Pérez, presidente de la Asociación.

 

En tanto, Domingo Tovar Arrieta, presidente de la CUT, hace un breve listado de acciones que se deben emprender con firmeza para fortalecer la autonomía sindical y regularizar la contratación laboral mediante el buen uso que se dé a la figura del Contrato Sindical:

a)    Difundir entre los trabajadores, y en la sociedad en general, las características que tienen en el país los procesos de tercerización ilegal, con sus perjuicios no sólo para los trabajadores sino también, eventualmente, para los consumidores. En particular, denunciar las condiciones de trabajo (salarios, beneficios sociales, inestabilidad, entre otras.) en este tipo de empresas ilegales.

b)    Investigar el proceso de tercerización ilegal, procurando conocer mejor las áreas afectadas y sus efectos sociales, económicos y políticos sobre los trabajadores y los sindicatos. Así mismo, intentar  descubrir los sectores que las empresas ilegales plantean tercerizar para preparar mejor las acciones de los trabajadores en defensa de sus intereses.

c)     Promover y apoyar las luchas de los trabajadores de las empresas tercerizadas de forma ilegal, para que se apliquen los convenios colectivos correspondientes a las empresas madres o principales. 

Fuente: Redacción Revista ACOSET

     
 
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