Los temas laborales que deben tener en cuenta los candidatos presidenciales, según la Federación Colombiana de Gestión Humana – ACRIP

Los temas laborales que deben tener en cuenta los candidatos presidenciales, según la Federación Colombiana de Gestión Humana – ACRIP

·       Uno de los principales aspectos será establecer leyes y normas acordes a las diferentes realidades y capacidades de las empresas (tamaño, región, etc.) , y no todas por igual, para posibilitar la formalización del empleo.

·  Las empresas que tienen entre 1 y 3 trabajadores representan el 70% del aparato productivo.

Ya pasadas las consultas y elecciones de Senado y Cámara, empieza en forma la carrera por ocupar la presidencia del país, y con ello la posibilidad para que los colombianos elijan un mandatario acorde a las necesidades y desafíos en el corto, mediano y largo plazo.

Uno de los más grandes desafíos en este momento es el tema laboral que impacta en el desarrollo económico del país, y en el que el marco legal vigente tiene una amplia y grave desactualización frente a las realidades actuales del mercado. En este sentido, la Federación Colombiana de Gestión Humana – ACRIP, presenta cinco temas fundamentales para ser resueltos en la propuesta de Gobierno de quien sea el próximo Presidente de Colombia.

Según lo explicó Gladys Vega, Presidenta de la Federación Colombiana de Gestión Humana – ACRIP, “el país necesita conocer propuestas de fondo sobre los aspectos laborales, algo que, hasta el momento, no hemos visto. Hacemos un llamado a los candidatos presidenciales para que hablen con claridad sobre este tema y de este modo los colombianos elijamos con mayor certeza la opción que mejor que le convenga al país”.

Los 5 temas prioritarios que debería resolver el próximo Gobierno de Colombia en materia laboral:

1.    Recuperación del empleo postpandemia.

De los cinco millones de trabajos que se perdieron en el peor momento de la pandemia, el país ha recuperado más de tres millones, un avance significativo pero que se constituye, sin duda, en unos de los principales retos del país.

Hoy en día, el desempleo, en el rango entre los 18 y 28 años, está seis puntos por encima del promedio nacional, por lo que las iniciativas para generar más empleo en los jóvenes, como el incentivo otorgado por el Gobierno nacional a las empresas que generen empleos en este segmento, será fundamental.

Esta es la crisis del mercado laboral más generalizada que ha habido en la región en toda su historia. En crisis anteriores, el empleo informal servía de amortiguador, es decir, las personas pasaban del empleo formal al informal; esta vez no, porque los dos indicadores cayeron demasiado. Y aunque hasta agosto de 2021, el número de ocupados aumentó en la región, solo se ha recuperado el 58% del total de empleos perdidos por causa de la crisis, de los cuales el 70% corresponde a empleos informales.

·Para recuperar los puestos de trabajo perdidos, y fomentar y viabilizar la formalización del empleo,  es clave que el próximo Gobierno centre su mirada en aspectos como la reducción de los costos laborales, la regulación y claridad legal y de protección social sobre nuevas formas de trabajo (como los trabajadores autónomos y el trabajo a través de plataformas digitales), y reducir la brecha de competencias de la oferta de talento humano frente a las verdaderas necesidades que tienen las organizaciones.

2. Leyes acordes a las diferentes realidades y capacidades de las empresas.

El Gobierno colombiano tiene la obligación de reconocer las características de nuestro aparato empresarial, diferente al de cualquier parte del mundo, y establecer normas y leyes que se ajusten a esta realidad.

En el país, por ejemplo, las empresas que tienen entre 1 y 3 trabajadores representan el 70% del aparato productivo, y las realidades económicas del sector rural y las regiones apartadas es muy diferente a las de las grandes urbes. No se puede mantener un marco legal ni seguir haciendo leyes que ignoran esta realidad como, por ejemplo, condiciones iguales de salario mínimo y de costos extrasalariales para todas las empresas, desconociendo que el impacto y capacidades no son las mismas para una empresa grande que para una mipyme, o para una empresa basada en Bogotá, que una microempresa establecida en un caserío en lugares apartados del país. Esta normativa, desactualizada y desconocedora de las diferentes realidades del país, es una de las principales causas de la alta informalización del empleo.

3. Trabajo remoto y nuevas formas de trabajo (digitalización).

Sin lugar a dudas una de las grandes experiencias que dejó la pandemia, en términos laborales, fue la posibilidad de trabajar de manera remota. El trabajo remoto permitió que las empresas continuaran sus actividades económicas y que los trabajadores pudieran preservar sus empleos trabajando desde sus casas o de forma remota; no obstante, el cambio de trabajo presencial a trabajo virtual o trabajo remoto desde casa, tuvo grandes desafíos y retos relevantes para los trabajadores y las empresas, desde el punto de vista legal.

Así que entre los desafíos del próximo Gobierno está el ajustar e implementar la reglamentación necesaria sobre las nuevas formas de trabajo, como el trabajo remoto, el trabajo deslocalizado, el trabajo flexible, el trabajo “a tarea” (gig work), con el fin de velar tanto su viabilidad de aprovechamiento por las empresas y mercado en beneficio de la economía, en especial al considerar la realidad de un campo global de competencia por el talento, como  la protección de los derechos de los trabajadores.

Así mismo, es fundamental reconocer y reglamentar las nuevas formas de trabajo a través de plataformas digitales (tipo Uber, Rappi, etc), promoviendo mecanismos integrales de protección social a quienes encuentran por esta vía una opción de ingresos principal o complementaria.

4.    Sistema de protección social

Implementar las propuestas planteadas en el reporte de la Misión de Empleo. En especial la que tiene que ver con el re diseño del Sistema de Protección Social de una manera independiente de la legislación laboral.

5.    Reforma laboral

En conclusión, para evitar que la legislación laboral siga siendo un freno al desarrollo económico integral del país, es necesario y urgente que el próximo gobierno  de Colombia logre materializar una reforma laboral profunda, ojalá liderada por un Ministro experto en la materia, en donde se tengan en cuenta los siguientes aspectos:

       Que su impacto diferencie las empresas grandes a las MiPymes.

       Esquemas de salarios mínimos y costos extrasalariales ajustados a las realidades de las empresas, al número de empleados y por regiones.

       Reglas laborales especiales para el trabajo rural, diferentes al trabajo urbano.

       Ajustes necesarios a la ley de reducción de jornada laboral para que su implementación no impacte la productividad y viabilidad económica de las empresas, en especial para las Mi-pymes.

       En general, contar con un código laboral actualizado que pueda afrontar los retos de la post-pandemia, y las nuevas realidades del mercado laboral, de tal forma que se pueda aumentar significativamente la tasa de empleo formal, la competitividad de las empresas, el desarrollo regional, y el crecimiento y viabilidad de las Mi-pymes y los emprendimientos.

 

“Debemos ser conscientes que estamos ante una gran oportunidad, quizá la última, de reivindicar la democracia colombiana, fortalecer el capitalismo social de preservar las empresas con función social y, en ese sentido, poder tener un mejor país en donde quepamos todos y distribuyamos la riqueza”, dijo Carlos Hernán Godoy, experto laboralista, socio fundador de Godoy Córdoba Abogados S.A.S, y miembro del Comité Jurídico de ACRIP.

La Federación Colombiana de Gestión Humana hizo un llamado al sector empresarial del país para que, en estos meses previos a las elecciones presidenciales, se pongan en la agenda pública de los candidatos los temas esenciales del tejido organizacional y el sector productivo, especialmente aquellos relacionados con el talento humano.

“Desde la Federación también invitamos a todos los colombianos a que ejerzan libremente y con disposición el derecho al voto en las próximas elecciones, con el fin de que entre todos sumemos al crecimiento del país”, puntualizó Gladys Vega, Presidenta de la Federación Colombiana de Gestión Humana – ACRIP.